La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó este viernes la apertura de una causa penal contra el viceministro de Seguridad Pública, Manuel Jiménez Steller, por la supuesta comisión del delito de procuración de impunidad.
La investigación surge a raíz de una decisión que Jiménez firmó cuando se desempeñaba como fiscal adjunto de Limón. En aquel momento, solicitó el sobreseimiento para seis personas vinculadas con el hallazgo de una lancha cargada con 2,5 toneladas de cocaína. Tras esa gestión, los implicados quedaron en libertad.
De acuerdo con las autoridades judiciales, los sospechosos habrían pertenecido a la estructura criminal conocida como «La H».
¿Qué es la procuración de impunidad?
El delito está contemplado en el Artículo 62 de la Ley N.° 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. La normativa establece que:
“Se impondrá pena de prisión de tres a diez años e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas durante el mismo período, al servidor o funcionario público que procure, por cualquier medio, la impunidad o evasión de las personas sujetas a investigación, indiciadas o condenadas por la comisión de alguno de los delitos tipificados en esta Ley.”
Opinión de especialistas en derecho penal
Acciones que favorecen a imputados
El jurista Joseph Rivera explicó que la procuración de impunidad ocurre cuando un funcionario público facilita información sensible a terceros, afectando el curso de una investigación.
“Puede ser que se filtren datos de un operativo, lo que permite que los sospechosos evadan la acción policial. Esto es frecuente en casos de crimen organizado o narcotráfico, donde la información puede llegar a delincuentes que mueven droga o cometen sicariatos”, detalló.
Rivera agregó que han existido antecedentes en los que agentes del OIJ fueron destituidos tras comprobarse que alertaron a criminales sobre allanamientos o incautaciones, lo que permitió que escaparan o movieran la mercancía ilícita.
Actos con apariencia de legalidad
Por su parte, el abogado penalista Esteban Córdoba señaló que este tipo de delito puede materializarse mediante decisiones que aparentan legalidad, pero que en realidad buscan beneficiar a determinados individuos.
“Para acreditar este delito se debe demostrar que la acción del funcionario no se ajusta al principio de legalidad, y que existe una clara voluntad de favorecer a una o varias personas para que eludan su responsabilidad penal”, enfatizó.
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